Libertad de prensa y medios de opinión

Andrés Sanfuentes

En las últimas semanas, el tema político ha sido la presentación de la querella de la Presidenta Bachelet contra los directivos y periodistas que publicaron una noticia, donde aparecía personalmente involucrada como beneficiaria en el caso Caval, a lo cual se sumó su calificación como una “canallada”, aparte de desmentir la acusación. Como respuesta ante la querella, han surgido numerosas y variadas voces críticas, señalando que constituye un ataque a la libertad de prensa y un amedrentamiento al periodismo.

Las reacciones tienen particular interés, porque son un reflejo de la realidad política del país, no muy estimulantes y que dan señales poco favorables sobre el futuro.

La publicación de la encuesta Plaza Pública Cadem del 6 de junio entrega valiosos antecedentes. Hay que aclarar que reitera las críticas al gobierno y a la mandataria ante la pregunta de cómo Michelle Bachelet conduce su gobierno, en que la aprobación alcanza al 22 % y la desaprobación el 68%. Respecto al conocimiento de la querella al QP, el 82% responde positivamente y solo el 17% no sabía de ella. Ahora, ante la consulta si está de acuerdo con que se haya querellado, el 46% lo aprueba y el 50% no lo está. Este resultado muestra un sorprendente apoyo a la acción presidencial, si se le compara con la opinión sobre su desempeño general. Los mayores apoyos están entre las mujeres, los mayores de 55 y más años, los estratos medios y las personas de centro y centro izquierda. El apoyo es reforzado como “el uso legítimo de su derecho a defenderse”, que supera a la opinión que “limita la libertad de expresión”.

Naturalmente, en el asunto han influido las discrepancias en el propio Ejecutivo y sus debilidades comunicacionales.

Como era previsible, las voces más críticas a la acción de la Presidenta surgieron del poderoso gremio periodístico, desde el argumento que se vulnera la “libertad de expresión”, hasta la banal imputación que se desea meter a la cárcel a profesionales que se limitaron a reproducir una noticia. Obviamente, aquí se cuadró el ejército Copesa. También surge la degradación a que ha llegado la vida pública, cuando se observa a varios políticos haciendo genuflexiones ante el altar de la “libertad de prensa”, cuando sus favoritos son los que influyen a través de sus medios de opinión, a los cuales se acercan cuando se aproximan las elecciones.

El tema de fondo es la conciliación entre dos derechos establecidos en la Constitución: la dignidad de las personas y el derecho a informar.

En efecto, el artículo 19, N°4 establece el “respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia” y señala que la “infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley…”

Por otra parte, en el N° 12 se expresa: ”La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

En la polémica se tiende a olvidar lo obvio, que los derechos no son absolutos, tienen limitaciones, tanto la libertad para informar como la honra de las personas. En este caso, las imputaciones a la Presidenta fueron extremadamente graves y, lo peor, sin la obligada verificación. No se puede publicar un asunto de esa gravedad sin la respectiva comprobación. Aún es más serio, se ha planteado que se trataría de una maquinación para afectar el prestigio de la Presidenta.

El episodio lleva a otro aspecto importante, la necesidad de reformar la normativa que permite y no pone trabas a la extrema concentración de los medios de opinión pública en Chile que, a diferencia de países más democráticos y avanzados, no se establecen limitaciones estrictas a la acumulación de poder, en especial en aquellos escritos, radiales y televisivos.